Período: 129 - Reunión 13º - LEY ANTITERRORISTA
SR. PIEMONTE,HECTOR HORACIO (BUENOS AIRES): Señora presidenta: comenzaré con una afirmación: estos dos proyectos que vamos a votar son exclusivamente para el GAFI. Ninguno de ellos va a servir para combatir el delito de lavado de dinero en la Argentina. Nosotros también queremos cumplir con el GAFI, pero pretendemos hacerlo en la medida en que el Estado argentino vuelva a tener la capacidad real para intervenir sobre el patrimonio y los bienes de las organizaciones criminales que se dedican al lavado de dinero. Insistimos en que después de diez años prácticamente no hubo condena por delito de lavado de dinero en la Argentina. Esta situación no se resuelve con la modificación del Código Penal, que es nuevamente lo que se plantea en el día de la fecha. El lavado de dinero en la Argentina, y en realidad en cualquier parte del mundo, es un delito vinculado al poder. El lavado de dinero es un delito vinculado al poder económico y al poder político. Por eso el organismo que investiga, enfrenta y combate el lavado de dinero debe tener la suficiente autonomía, independencia y autarquía respecto del poder político y económico. Por ello, cuando se trató a mediados del año la modificación de la ley 25.246, nosotros planteamos la necesidad de que el directorio de la UIF fuera integrado por concurso y no dependiera del Poder Ejecutivo nacional. Al ser elegido por concurso estaría dotado de autonomía, independencia y autarquía suficiente para combatir los delitos precedentes del lavado de dinero. En realidad, el lavado se genera a partir de delitos antecedentes y precedentes como la corrupción, el narcotráfico y la evasión fiscal. Nuestra propuesta fue desechada.
Quiero decirle a la Cámara que luego de desecharse esta propuesta, el doctor Sbatella, actual presidente de la UIF, recibió por lo menos tres denuncias penales, y ninguna fue presentada por miembros de la oposición. La primera denuncia penal que recibió el doctor Sbatella fue de un funcionario que apenas dos años atrás integraba el gobierno de la provincia de Buenos Aires como ministro de Seguridad, y hoy es el fiscal Stornelli, que denunció a las autoridades de la UIF por presunto cajoneo de expedientes de amigos del poder, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.
El doctor Sbatella recibió una segunda denuncia por haber cajoneado más de un año el caso Schoklender, el que fue denunciado ante la Justicia por dos diputadas de nuestro bloque Coalición Cívica-ARI. El doctor Sbatella lo tuvo cajoneado más de un año en la UIF hasta que salió a la luz pública. El 7 de diciembre pasado la Cámara Federal denunció al doctor Sbatella por presunta falta de ética en su actuación en la causa que investiga precisamente el desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Insistimos que más allá de lo que estamos tratando hoy, el problema de la Argentina es el combate real y en serio del lavado de dinero que se genera por el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal. Para eso necesitamos que exista un organismo independiente, autónomo y profesionalizado. Para el tratamiento de estos proyectos que estamos considerando tuvimos la suerte de recibir el lunes pasado al ministro de Justicia. Además, el ministro de Justicia fue sincero porque lo primero que dijo fue que el proyecto antiterrorismo estuvo en su cartera en discusión más de dos años. El mismo día lunes cuando lo trajo le hizo una modificación, y a su vez pretendía que esta Cámara de Diputados lo aprobara en sólo tres días. Ese es el papel que de alguna manera el oficialismo le asigna al Parlamento nacional. Con respecto a estos proyectos, y por lo que han dicho otros diputados preopinantes, vamos a acompañar independientemente de estas consideraciones, la modificación al tipo penal sobre los delitos bursátiles, porque era una deuda que quedó pendiente de la reforma que votamos a mitad de año. Pero nos vamos a oponer en forma contundente al proyecto de combate de la financiación al terrorismo. Coincidimos en la necesidad de que la Argentina tenga una ley que combata la financiación del terrorismo porque esto así ha sido planteado por el GAFI. Además, la Argentina es miembro de ese organismo, ha suscrito convenciones internacionales que nos imponen contar con esta legislación, y así mismo, hemos sufrido en carne propia atentados terroristas. Sin embargo, el proyecto que vamos a votar dista mucho de lo que plantea el GAFI y de aquello a lo que se ha comprometido la Argentina en términos internacionales. Aquí ya se ha señalado ‑por lo que no abundaré en ello‑ que la modificación del artículo 41, de la parte genérica del Código Penal, es una aberración que lo desguaza, pues permite que cualquier delito, desde el estupro hasta el hurto, puedan tener el doble de pena con la sola interpretación de un juez, en caso de que éste considere que tal delito conlleva una finalidad terrorista. No estamos planteando una preocupación teórica, intelectual o de juridicidad; formulamos estas inquietudes a raíz de que por lo menos en esta Cámara debemos ponernos de acuerdo en cuanto a la realidad que hoy existe en el país respecto de infinidad de situaciones que se están viviendo con compañeros que participan de reclamos y protestas. Fíjense los señores diputados que a tal punto el gobierno considera que eso es riesgoso, que incluye un párrafo como el que los otros días trajo el ministro. A tal punto saben que aquello es riesgoso, que incorporan el siguiente texto: “Los agravantes previstos en este artículo no se aplicarán cuando él o los hechos de que se trate tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Como bien dijo el señor diputado Garrido, ésta es una verdad de Perogrullo, pues es obvio que no es posible plantear una ley que defienda derechos ya consagrados, sociales, humanos o constitucionales. Además, advierto que hay una mezcolanza de derechos. Por lo tanto, es irrelevante la introducción de ese párrafo; pero se lo incluyó porque el gobierno sabe que aquellas situaciones pueden aparejar consecuencias. Como decía, debemos ponernos de acuerdo en cuanto a si coincidimos en que hoy en nuestro país muchos jueces están considerando como delito el ejercicio de derechos constitucionales. Me animo a plantear esto porque conozco a muchos de los diputados del oficialismo, con quienes incluso hemos compartido espacios de militancia en otro momento. Conozco a muchos que son militantes sociales, que en sus territorios han trabajado y están en la calle al lado de compañeros que se encuentran en la batalla. Digo esto salvando toda cuestión de acusación de “gorilismo”, porque yo también –como señaló algún otro compañero- provengo de una familia peronista, y he aprendido en la calle cómo se pelea por los derechos sociales en la Argentina. Me parece que muchos de los compañeros que van a votar este proyecto ni siquiera han podido leerlo; van a votar algo que, de profundizar su análisis, no votarían. Creo que debemos darnos más tiempo antes de votar esta iniciativa; es riesgosa, peligrosa. Comparto lo que señaló ayer el señor diputado Rossi en relación con el presupuesto. Cuando dijo que quería analizar esa cuestión teniendo en cuenta las perspectivas, compartí su criterio, porque es claro que según el lugar donde nos paremos tendremos una u otra perspectiva. A veces nos paramos desde una perspectiva en la que ponemos énfasis en el aspecto constitucional o en lo social, y en varias ocasiones la conclusión es distinta. Pregunto dónde se para el oficialismo para votar este proyecto. ¿Cuál es la perspectiva? No creo que la mayoría de este cuerpo quiera pararse en la perspectiva de aquellos que pretenden acallar las protestas sociales. Por ello, debemos rechazar el proyecto. Ayer mantuve una reunión con compañeros del distrito de Berazategui que en este momento están siendo procesados por haber enfrentado la instalación de una subestación eléctrica, más allá de que el reclamo esté bien o mal, o de si tienen o no razón. Están siendo procesados en este momento y están por darles una condena. El problema es que si se aprueba este proyecto de ley, este procesamiento puede llevarlos a la prisión efectiva. Si se aprobara este proyecto de ley, con la aplicación del artículo 194 que hoy contempla una prisión de uno a tres años y es excarcelable, si el juez considera que existió una finalidad terrorista pueden quedar presos seis años, cuando se trata de compañeros que están peleando por sus derechos. Esto es lo que riesgosamente vamos a votar hoy. A tal punto es riesgoso, que quiero dejarles una frase que me preocupó del señor ministro. Me preocupó tanto que por eso le dije que le agradecía por su sinceridad. Cuando habló de esta iniciativa no se refirió a la mejor ley ni a la ley posible. Dijo que era la ley menos gravosa. ¿Qué significa esto? Que va a tener consecuencias graves. Serán las menos graves, pero graves al fin. Estamos votando una ley donde “a confesión de parte relevo de prueba”. Las consecuencias graves son las que se quisieron salvar con el agregado de ese párrafo, pero que no se han salvado. Como se ha dicho acá, todo esto se resolvía con la incorporación en el Código Penal de una tipificación específica, como se ha planteado en uno de los dictámenes. Se podría agregar un artículo en la norma aprobada este año respecto al orden económico y el delito financiero. De esta forma se resolvía el problema y cumplíamos con las exigencias internacionales. Voy a concluir con una cuestión que me parece que hay que tener en cuenta. El Caso 610 de 2001, el caso Mackentor, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tiene que ver con la denuncia efectuada contra el ex genocida Menéndez por el juzgamiento a civiles, argumentando que eran el sostén financiero de la subversión y del terrorismo en la Argentina. Nuestra historia nos enseña que no debemos dejar ningún lugar a dudas para que nadie –tampoco un juez- pueda acusar a ningún ciudadano argentino de terrorista por luchar en defensa de sus derechos. Como dijo la señora diputada Di Tullio, ninguna fuerza popular y progresista puede estar bancando este proyecto de ley. (Aplausos)