Período: 129 - Reunion: 5 LAVADO DE ACTIVOS
Sr. Piemonte.- Señor presidente: en primer lugar, quisiera hacer una aclaración a partir de lo que planteó el señor diputado Plaini sobre la ausencia en particular de la diputada Elisa Carrió. En realidad, quiero aclarar al diputado y a la Cámara que en la última sesión ordinaria, en la que se trató el tema de empresas recuperadas, en principio se había casi acordado que el día que no habría sesión sería el 4 de mayo, y estuvimos presentes el 27 de abril, que fue la semana pasada, también previendo una sesión para el 11 de mayo. Por eso, planificamos otra serie de actividades. Hago la aclaración por dos cuestiones. La primera, porque en realidad precisamente Elisa Carrió quería estar presente en la discusión de este tema. Así como se hacen reconocimientos a otros y hemos escuchado varios vinculados con la labor que se ha hecho hoy, si hay que hacer un reconocimiento en función del debate del lavado de dinero en la Argentina, debemos decir que la única vez que este tema se instaló fuertemente en la agenda pública fue cuando la comisión que presidió precisamente la doctora Carrió, en los años 2000 y 2001, presentó el informe sobre lavado de dinero; me parece que fue la única vez que este tema tuvo trascendencia pública. Por otra parte, quiero hacer otra aclaración a cuento de una suerte de operación de muy baja estofa, que ha planteado una denuncia penal contra tres miembros de este bloque, que se ha publicado en los diarios y que nos parece lamentable, aduciendo que estos tres diputados -Elisa Carrió, Patricia Bullrich y Alfonso de Prat Gay- querían trabar el tratamiento de la ley de lavado de dinero en la Argentina. Si hay algo que el bloque de la Coalición Cívica no ha hecho por historia, por antecedentes, por trayectoria y por compromiso político, es trabar el tratamiento del lavado de dinero en la Argentina. Es más, quiero aclarar a la Cámara que, más allá del proyecto del Poder Ejecutivo, la Coalición Cívica ha sido el primer bloque legislativo que ha presentado el año pasado un proyecto para discutir la reforma de la ley 25.246. Es cierto que estos temas tienen una gran relevancia porque influyen en la vida cotidiana de todos los argentinos, pero no están en la agenda; no es que vamos a tener aquí gente que nos golpee la puerta para que tratemos el tema del lavado. Posiblemente por eso, porque no ha habido presión social, es que ha habido una absoluta falta de eficacia y eficiencia en el combate contra el lavado de dinero en la Argentina. Ya lo han dicho otros diputados: a diez años de vigencia de la ley de lavado solamente hubo una condena que tuvo que ver con un microemprendimiento familiar en la provincia de Córdoba. Por eso, uno debería caer en la cuenta de que ha habido por lo menos desdén gubernamental en plantear una política que combata el lavado de dinero y el crimen organizado. Y por eso también la Argentina ha sido uno de los países con más baja performance en el concierto internacional, y está a punto de recibir una condena. A partir de aquí se abrieron dos miradas, como ya lo han dicho varios señores diputados: aquellos que se plantearon avanzar en la modificación de la ley 25.246 para evitar la condena internacional y aquellos que nos planteamos, más allá de coincidir con la necesidad de que la Argentina no sea sancionada, la discusión de entender que el lavado es un problema mucho más integral, y entonces proponemos que la ley sea parte de una estrategia gubernamental que enfrente el crimen organizado en la Argentina. Por eso, nosotros no queríamos modificar la 25.246 sino que pretendíamos cambiarla en su totalidad. Por un lado, queríamos reformular el tipo de delito que previene y penaliza el lavado de activos, pero por otro queríamos reestructurar también la UIF, o sea, el organismo estatal que es cabeza de esta pelea contra el lavado en la Argentina, porque entendíamos -de acuerdo con el diagnóstico de la situación que hacíamos- que esto más que la incorrecta tipificación del delito de lavado era lo que en definitiva había generado una suerte de impunidad del lavado de dinero en la Argentina. En este sentido, tuvimos con el oficialismo y también con los bloques de la oposición una diferencia importante, que era la independencia que tenía que tener el directorio o el presidente de la UIF respecto del Poder Ejecutivo. En nuestro proyecto original la UIF dependía del Congreso de la Nación. La verdad es que no había argumentos para decirnos que había habido eficacia en la dependencia del Poder Ejecutivo. Entendimos, producto de la necesidad de arribar a consensos, que el dictamen de minoría del plenario de comisiones recogía en parte la necesidad de una UIF con independencia, autonomía política, autarquía financiera y profesionalización de sus cuadros. Entendíamos que el dictamen de minoría, con el llamado a concurso público de oposición y antecedentes, podía generar una autonomía política suficiente para la actuación de este organismo con independencia del Poder Ejecutivo. Por eso, suscribimos el dictamen de minoría. Pero hoy el consenso ha arribado a otra fórmula para elegir al directorio o al presidente de la UIF. Coincidimos con la señora diputada Stolbizer en que no nos satisface esta nueva formulación, pues no es suficiente para dotar de autonomía política a la UIF un sistema que no recurre al concurso público para la elección de sus autoridades. Reconocemos que el dictamen incluyó cuestiones que para nosotros son centrales. Por ejemplo, que en el consejo asesor los miembros que integran el directorio de la UIF sean designados como representantes del organismo que participan de ese consejo asesor, pero no como son elegidos ahora, que el presidente de la UIF designa una persona en el Banco Central y al otro día lo designa como representante del Banco Central en la UIF. El dictamen recoge la necesidad de que los representantes de los organismos –Banco Central, AFIP, Comisión Nacional de Valores tengan tres años de antigüedad en el organismo respectivo. También recoge un tema central, que es el de los oficiales de enlace con los organismos públicos, a quienes nosotros creíamos que había que jerarquizar. Muchos organismos públicos no tenían oficiales de enlace designados; algunos los tenían pero no sabían qué hacer; otros sabían qué hacer pero no tenían logística ni apoyatura de los organismos, con lo cual eran una figura prácticamente inexistente. Nosotros pensábamos que había que mejorar, ordenar y sumar sujetos obligados. Como ya se dijo acá, había que sumar todo lo relativo a las actividades deportivas, como la compraventa de deportistas, así como a los partidos políticos, sindicatos, Lotería Nacional y a quienes en las provincias y municipios están supervisando el juego. Nos parece importante haber llegado al criterio de unificar o consensuar la tipificación del delito de lavado como un delito autónomo. En el primer proyecto del Poder Ejecutivo esto no estaba planteado. Es más, no había claridad respecto del autolavado como parte del delito de lavado de dinero. Me parece que la actual formulación de la tipificación del delito lo recoge.
Señor presidente: me quería referir a algunas cuestiones de la ley, pero voy a sintetizar y a ir a lo más jugoso, que le va a interesar al oficialismo. Está claro que hablamos de un crimen complejo, y está claro, como ya se dijo, que en la Argentina prácticamente no hay sentenciados por crímenes complejos. No hemos visto sentenciados por narcotráfico, trata de personas o corrupción. Esto lo dije cuando el ministro Alak estuvo en la comisión. El jefe de Gabinete dijo en un reportaje que él era la persona más informada y con más backup sobre el tema drogas y narcotráfico; pero en otro reportaje dijo: “No quiero engañar a nadie con que el gobierno puede ganar la batalla contra las drogas”. Si se tiene la información adecuada, responsabilidad jerárquica y la responsabilidad de ejecutar la política contra el crimen y se dice que no se puede ganar la batalla, evidentemente o se es cómplice o se es inútil. No planteamos esto como una chicana o una provocación. Lo estamos planteando porque, como representantes de una sociedad que muchas veces niega los problemas que tiene, lo que tenemos que reconocer como Cámara de Diputados es que hay un fenómeno que azota a la Argentina, que es el crecimiento del crimen complejo y organizado. Lo podemos negar, lo podemos ignorar o también, como dijo el ministro, podemos decir que no se puede ganar la batalla. Pero lo que queremos saber es si este proyecto de ley que estamos considerando hoy simplemente tiene por objeto cumplir con un requerimiento del GAFI o es parte de una estrategia articulada del Estado para enfrentar al crimen organizado. Cuando inauguró el período de sesiones ordinarias la presidenta de la Nación nos vino a decir que la responsabilidad de la sanción del GAFI era prácticamente del Parlamento argentino, porque no había sancionado la ley. Desde 2004, año tras año, el GAFI viene exigiendo al Poder Ejecutivo nacional la modificación de su política contra el lavado de activos.
Si bien se aprueba una nueva formulación para la composición del directorio, también se ha dicho que se pretende seguir hasta 2014 con Sbatella, el actual presidente de la UIF. La pregunta que hacemos con muchas dudas, es si el presidente de la UIF tendrá la independencia absoluta para poder investigar los delitos que tienen que ver con el poder en la Argentina. Aquí y en la China el lavado de dinero tiene que ver con el poder.
Para concluir, vamos a plantearlo en estos términos: como no creemos que desde la presidencia de la UIF se investigue el lavado que centralmente vincula al poder político y al poder económico en la Argentina, y que muchas veces está ligado a funcionarios gubernamentales de este y cualquier gobierno de turno, entendemos que cuando se habla de la discusión de la falta de recursos...(Aplausos.)